Compañía Privada: La Estafa Inmobiliaria que Revive el Fantasma de COFIN S.A. en el Norte Argentino

En el norte argentino, el caso de Compañía Privada de Desarrollo e Inversiones S.A., que mantiene paralizada una causa penal hace más de cinco años, dejó a más de 400 inversores sin respuesta y con un perjuicio económico que supera los 12 millones de dólares. El esquema recuerda a otro escándalo financiero ocurrido años atrás: la estafa de COFIN S.A. en Tucumán, con el agravante de que esta vez, los mecanismos de control institucional ni siquiera llegaron a intervenir a tiempo.

Compañía Privada: Una Causa Inmóvil

Desde su sede en Salta, la firma dirigida por María Mercedes Ibarra captó ahorros de cientos de personas bajo la promesa de fideicomisos inmobiliarios con devoluciones en dólares y rentabilidades atractivas. A pesar de las múltiples denuncias por estafa desde 2020, la única imputada en la causa nunca fue detenida, goza de medidas sustitutivas y la investigación penal se encuentra paralizada. En 2022, la empresa se presentó en concurso de acreedores y fue declarada en quiebra en septiembre de 2024, sin que hasta el momento se hayan identificado activos recuperables.

El Rol del Síndico: Una Obligación Incumplida

La figura del fideicomiso, regulada por el Código Civil y Comercial y aplicada en este caso a través de múltiples desarrollos inmobiliarios, establece con claridad que los bienes fideicomitidos conforman un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario. Por ende, la empresa Compañía Privada, actuando como fiduciaria, tenía la obligación de llevar registros contables independientes por cada fideicomiso, con rendiciones de cuentas periódicas y estados contables diferenciados que permitieran una fiscalización clara de los fondos administrados.

Esta separación patrimonial no solo era un principio legal básico, sino una garantía esencial para la protección del patrimonio de los inversores. Su incumplimiento por parte de la fiduciaria debió haber sido detectado, exigido y observado por el síndico del concurso, quien tenía la responsabilidad de verificar la existencia de estos registros individualizados y requerir rendiciones claras por cada patrimonio separado. En función de ello, cada fideicomiso debería haber contado con su propio juego de estados contables auditables, debidamente identificados, separados y comparables, para asegurar la transparencia en la gestión del dinero de terceros.

El síndico designado judicialmente para intervenir en el proceso concursal admitió públicamente no haber podido determinar con precisión el patrimonio real de la fallida, ni lograr una separación patrimonial clara entre los bienes personales de Ibarra y los de la empresa. Esto representa una falta grave, ya que el artículo 276 de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras establece como funciones esenciales del síndico:

“Verificar la exactitud de los libros y documentos del fallido; investigar la existencia y composición del activo y del pasivo; velar por la integridad de los bienes del fallido y denunciar ante el juez cualquier irregularidad que advierta en el patrimonio de aquél.”

No solo incumplió con esta función clave, sino que su accionar resultó funcional a la estrategia de vaciamiento de la empresa, al no promover medidas efectivas de recupero ni impulsar acciones judiciales para resguardar bienes. En este contexto, su comportamiento resulta éticamente cuestionable y potencialmente pasible de revisión profesional y legal.

A ello se suma otro grave error procesal: la decisión de confirmar al mismo síndico del concurso como síndico de la quiebra, lo que impidió ampliar el análisis patrimonial desde una mirada independiente y profunda. Esta ratificación automática, lejos de permitir una revisión exhaustiva de lo ocurrido, bloqueó la posibilidad de indagar sobre el verdadero destino de los bienes, los movimientos financieros y las posibles transferencias irregulares.

Frente a este escenario y conforme al marco legal vigente, existen elementos suficientes para revisar judicialmente esta designación y exigir responsabilidades. Más aún, la falta de individualización de los bienes, la confusión patrimonial no esclarecida y la desaparición de fondos ameritan considerar que estamos ante una quiebra fraudulenta, orientada a facilitar una maniobra de administración fraudulenta, lo cual debería activar la intervención penal de oficio por parte del juzgado correspondiente.

El Silencio del Auditor: Otra Omisión Grave

A ello se suma la responsabilidad del auditor de los estados contables de Compañía Privada, quien durante los años en que se captaban fondos emitió dictámenes sin advertir ninguna anomalía material. Según lo establece la Resolución Técnica Nº 37 de la FACPCE, entre las obligaciones del auditor se encuentran:

“Evaluar el riesgo de incorrecciones materiales en los estados contables, obtener evidencia suficiente y adecuada para respaldar su opinión, e informar cuando existan situaciones que puedan afectar significativamente la razonabilidad de los estados financieros.”

La falta de alertas, observaciones o salvedades en los informes emitidos por el auditor ante una situación de alto riesgo económico y financiero contribuyó a consolidar la confianza de los inversores en una estructura que ya estaba quebrada internamente. Su inacción fue, por omisión, otro elemento que facilitó la impunidad de la empresa y la dispersión de sus fondos.

Ambos actores —síndico y auditor— debían actuar como garantes técnicos y legales de la transparencia empresarial. La negligencia profesional de ambos consolidó un escenario de impunidad que hoy padecen centenares de familias.

Inversores que Siguen Luchando: Edificios y Loteos Inconclusos

Entre las obras inconclusas se encuentran los edificios Style (pasaje Arteaga), Vento (Ameghino 423) y loteos como La Eulogia, La Jacinta y La Carlota, todos partedel paquete de fideicomisos gestionados por la empresa.

A pesar de la desaparición de los fondos aportados para estos proyectos, los propios fiduciantes —es decir, los inversores damnificados— han comenzado a organizarse y asumir el desafío de continuar las obras por cuenta propia.

Lo hacen con gran esfuerzo económico, incertidumbre legal y dificultades operativas, en muchos casos sin acceso completo a la documentación técnica ni respaldo del sistema judicial. Pero prefieren enfrentar estos desafíos antes que perder definitivamente todo el capital invertido.

La ironía es cruel: quienes confiaron su dinero a una fiduciaria ahora tienen que hacer de fiduciarios, gestores y financiadores de sus propias inversiones, mientras la responsable original continúa en libertad, sin responder ni penal ni civilmente.

Mercedes Ibarra: Vida de Lujo, Impunidad Judicial

A pesar de las múltiples denuncias y del proceso judicial en curso, María Mercedes Ibarra sigue llevando una vida de lujos y privilegios. Ha sido vista viajando al exterior, asistiendo a eventos exclusivos y disfrutando de un nivel de vida completamente alejado de la realidad que atraviesan quienes confiaron en su empresa.

Esta situación genera profunda indignación: la principal responsable de la desaparición de millones de dólares sigue sin rendir cuentas, y la falta de medidas judiciales efectivas le permite mantener su estilo de vida ostentoso. Mientras tanto, los inversores siguen esperando justicia, sin avances concretos ni recuperación de activos.

COFIN S.A.: El Precedente que Nadie Escuchó

Años antes, en Tucumán, la empresa COFIN S.A., dirigida por Jorge Alejandro Rigourd, operó bajo una estructura similar: captación de ahorros, promesas de grandes retornos, incumplimientos, y más de 400 damnificados. María Mercedes Ibarra fue socia de Rigourden la firma Arpenta, y tras su caída, trasladó sus operaciones a Salta, replicando el esquema con nueva fachada. El resultado, otra vez, fue vaciamiento, confusión patrimonial y silencio judicial.

Conclusión: ¿La Justicia Protege a los Que Estafan?

El caso Compañía Privada es una versión mejorada y más impune de esquemas que ya conocimos. La diferencia es que ahora, con todos los antecedentes a la vista, el Estado sigue sin actuar.

La falta de control del síndico, el retroceso de la fiscalía penal, y la omisión de la magistratura civil y comercial no solo dejaron a 400 personas sin su dinero, sino que desnaturalizaron el rol del fideicomiso, vulneraron la confianza en el sistema financiero y dejaron intacto el modelo para futuras estafas.

Si la justicia no avanza, no hay dudas de que el esquema se repetirá. Y mientras tanto, quienes confiaron en las reglas del sistema, hoy están construyendo con sus propias manos y dinero lo que otros les prometieron… y robaron.