Reforma laboral: el mapa de apoyos y rechazos de los empresarios al proyecto del Gobierno

Hay consenso entre las cámaras empresariales en avanzar con el proyecto de modernización laboral. Sin embargo, advierten reparos que, entienden, el oficialismo debería considerar.

Pasada la primera quincena de enero, el oficialismo en el Senado de la Nación Argentina terminó de definir el cronograma para el tratamiento del Proyecto de Ley de Modernización Laboral en la Cámara Alta. Las fechas tentativas ubican el debate en comisión entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, en una semana clave para una iniciativa que fue redactada con participación directa de los principales actores del empresariado argentino.

Esa particularidad explica el tono del posicionamiento empresario: aunque predomina el acompañamiento al rumbo del proyecto, se advierten objeciones puntuales que atraviesan a casi todas las cámaras y ponen el foco en la negociación colectiva, la previsibilidad normativa y el impacto diferencial según tamaño de empresa y sector productivo.

Consenso en el diagnóstico, matices en la letra chica

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el respaldo al proyecto es explícito, aunque no exento de observaciones. En una reunión mantenida con los equipos técnicos de la senadora Patricia Bullrich, la entidad manifestó su acompañamiento a la orientación general de la iniciativa, destacando la necesidad de adaptar la legislación laboral a las transformaciones sociales y tecnológicas del mercado de trabajo.

“Compartimos el espíritu del proyecto, centrado en dotar de mayor previsibilidad a las relaciones laborales”, sostuvo su presidente, Natalio Mario Grinman, quien subrayó que, desde la experiencia de una institución centenaria y signataria del convenio colectivo más numeroso del país, la modernización “resulta clave para promover empleo formal, competitividad y dinamismo económico”.

La CAC valoró especialmente los avances en materia indemnizatoria, la tasa de actualización de créditos laborales, la regulación de la prestación mínima de servicios durante medidas de fuerza y el reconocimiento de nuevas modalidades de contratación. No obstante, aclaró que realizó observaciones sobre “unos pocos artículos” de un proyecto que ronda los 200 disposiciones, y confirmó que sus equipos técnicos trabajan en propuestas para conciliar la iniciativa oficial con la mirada sectorial.

Una posición similar adoptó la Unión Industrial Argentina (UIA), que expresó un respaldo explícito y presentó ante el Senado un documento con 20 puntos en defensa del proyecto. Para la entidad fabril, la reforma propone un nuevo marco de relaciones laborales orientado a reducir la litigiosidad, mejorar la previsibilidad jurídica y adaptar la normativa a los cambios productivos y tecnológicos.

Sin embargo, en ámbitos reservados, la UIA dejó trascender reparos sobre el artículo 62, que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y obliga a todas las empresas privadas a aportar el 3% de las remuneraciones para su financiamiento, un esquema que despierta alarmas por costos adicionales considerados innecesarios y su impacto en la estructura empresarial.

Alarma pyme: apoyo al espíritu, rechazo a artículos clave

Donde las objeciones se vuelven más explícitas es en el universo pyme. Tanto la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) como ADIMRA acompañan el objetivo general de modernización y reducción de la litigiosidad, pero advierten que el capítulo de «Derecho Colectivo» introduce riesgos que van en sentido contrario.

Desde CAME sostienen que los artículos 126, 128, 130, 131 y 132 “ponen en crisis el objetivo perseguido”. En particular, cuestionan la modificación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que limitaría la vigencia automática a las cláusulas normativas y dejaría afuera las obligacionales.

Según la entidad, esto desnaturaliza el convenio colectivo como instrumento integral, rompe el equilibrio entre las partes y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral, además de plantear posibles tensiones con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los convenios de la OIT.

ADIMRA coincide en el diagnóstico y advierte sobre el impacto concreto en la industria metalúrgica pyme. Con datos recientes de caída de la producción metalúrgica (-7,1% interanual y -1,3% mensual), la entidad asegura que una pyme “no puede renegociar su marco laboral todos los años” y que, frente a la duda, “no invierte y no toma gente”.

También alertan que el cambio en el orden de prelación de los convenios, privilegiando los de empresa por sobre los de actividad, favorece a las grandes compañías con estructura negociadora y deja a las pymes en clara desventaja frente a sindicatos con mayor poder de fuego.

Otro punto crítico compartido con CAME es la prohibición de aportes convencionales a cámaras empresarias, mientras se mantienen los sindicales. Para ADIMRA, esta asimetría debilita la representación empresaria, clave para sostener capacitación, asistencia técnica y desarrollo tecnológico en miles de pequeñas y medianas empresas.

A eso se suma la preocupación por el artículo 132, que habilita al Poder Ejecutivo a intervenir convenios colectivos homologados bajo criterios amplios como “interés general” o “distorsiones económicas graves”, introduciendo un factor adicional de discrecionalidad.