¿Quién paga la ampliación de la base tributaria sugerida por el FMI?

El último informe del Fondo recomienda mayor control sobre plataformas de pago digital. Un análisis de sus implicancias reales para la economía informal y los sectores más vulnerables.

Por Sebastián Cristofari | Análisis económico

En su más reciente informe sobre la Argentina, el Fondo Monetario Internacional vuelve a una de sus recomendaciones históricas: ampliar la base tributaria. Esta vez, con un énfasis particular en el control de las transacciones realizadas a través de billeteras virtuales —Mercado Pago, Ualá, Naranja X, entre otras— como vía para reducir la brecha entre la recaudación potencial y la efectiva. La propuesta es técnicamente coherente dentro de la lógica del Fondo. El problema es que su aplicación en el contexto socioeconómico argentino de 2026 impacta de lleno sobre actores que no son evasores por convicción, sino trabajadores informales por necesidad.

El diagnóstico del FMI y sus puntos ciegos
El informe identifica correctamente que Argentina tiene una estructura tributaria regresiva, con alta presión sobre el trabajo formal y baja captura de rentas financieras y patrimoniales concentradas. Sin embargo, entre sus recomendaciones operativas, el énfasis recae sobre la ampliación del universo de contribuyentes —vía Ganancias y mayor fiscalización del Monotributo— y el seguimiento de flujos digitales no declarados.
Lo que el documento no pondera con igual profundidad es el contexto en el que esas transacciones informales se producen. Según datos de INDEC y relevamientos del CIPPEC, más del 45% de la fuerza laboral argentina opera en condiciones de informalidad total o parcial. Para una porción significativa de ese universo, las billeteras virtuales no son un instrumento de evasión sofisticada: son la única herramienta de pago accesible para quien no tiene cuenta bancaria, no puede afrontar los costos de la formalización plena o trabaja en actividades de baja escala donde la facturación resulta económicamente inviable.

El Monotributo: un régimen que la inflación rompió
Para entender por qué el control de billeteras virtuales golpea desproporcionalmente a los sectores medios y bajos, hay que observar primero el estado actual del régimen simplificado. Con una inflación acumulada superior al 800% entre 2022 y 2025, los topes de facturación del Monotributo —actualizados con rezago y sin criterio automático— dejaron de reflejar la realidad económica de sus contribuyentes.
Un profesional que en 2022 facturaba cómodamente dentro de la categoría C hoy se encuentra en la F o G, con una cuota mensual que puede superar los $120.000, sin que su ingreso real —medido en capacidad adquisitiva— haya crecido en proporción. Para las categorías más altas del régimen, la presión tributaria efectiva al momento de migrar al Régimen General representa entre el 12% y el 18% del ingreso neto mensual. En ese escenario, la informalidad deja de ser una elección y se convierte en una respuesta racional al diseño del sistema.
El FMI recomienda actualizar los parámetros del Monotributo, pero sin precisar mecanismo ni periodicidad. La experiencia argentina indica que sin una actualización automática atada a índices de precios —IPC o RIPTE— cualquier corrección puntual quedará desfasada en cuestión de meses.

Quiénes usan las billeteras virtuales y por qué
Cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos —hoy ARCA— comience a cruzar sistemáticamente los movimientos en plataformas digitales con los registros tributarios, el universo que emergerá no será, en su mayoría, el de los grandes evasores. Será el del electricista que cobró tres trabajos menores en una semana de baja demanda. El del vendedor de indumentaria en redes sociales que no alcanza los umbrales del Monotributo. El del trabajador de plataformas de reparto que cobra en digital porque su empleador lo mantiene fuera del sistema. El del prestador de servicios informáticos que factura irregularmente porque su cartera de clientes no le garantiza previsibilidad mensual.
Para todos estos actores, la billetera virtual fue, paradójicamente, un instrumento de inclusión financiera. Accedieron a medios de pago electrónicos, a micro-financiamiento y a la economía digital sin necesidad de cuenta bancaria ni historial crediticio. Convertir ese acceso en un vector de fiscalización sin ofrecer simultáneamente un esquema de formalización gradual, simple y económicamente sostenible, no amplía la base tributaria: profundiza la exclusión.

El microcomercio: víctima indirecta del esquema
Existe otro actor que este debate frecuentemente omite: el microcomercio urbano y periurbano. El quiosco de barrio, la verdulería familiar, el salón de belleza unipersonal, el puesto de feria. Establecimientos que incorporaron el cobro digital durante la pandemia y que hoy lo usan como herramienta competitiva frente a las grandes superficies. Su estructura de costos es estrecha: el alquiler, el proveedor, los servicios, los impuestos formales cuando los hay. La informalidad parcial —cobrar sin factura una proporción de las ventas— no es parte de un esquema de evasión planificado; es el margen que les permite absorber la variabilidad de una economía inestable.
Mayor control sobre sus flujos digitales sin una reforma paralela en los regímenes simplificados no producirá recaudación incremental significativa. Producirá, en cambio, un retorno al efectivo como medio de pago, con los costos de seguridad y exclusión que eso implica, y una aceleración del cierre de unidades económicas que ya operan al límite de la viabilidad.

La asimetría que el informe no resuelve
La crítica de fondo al enfoque del FMI no es técnica sino distributiva. El informe dedica atención considerable a mecanismos de captura de transacciones de baja escala y relativa visibilidad, mientras sus recomendaciones sobre renta financiera concentrada, estructuras offshore y tratamiento impositivo de grandes patrimonios son notablemente más moderadas en su ambición recaudatoria.
Esa asimetría no es neutral. Ampliar la base por la base —sin discriminar entre quien evade por conveniencia y quien informaliza por supervivencia— produce un efecto regresivo sobre la estructura tributaria que el propio Fondo, en sus documentos de política general, reconoce como indeseable.

Qué reforma necesita la Argentina
Una política tributaria consistente con los objetivos de equidad y crecimiento que el informe declara como principios requiere, al menos, tres condiciones que hoy no están presentes. Primera: actualización automática y trimestral de los parámetros del Monotributo, para que la inflación deje de operar como un impuesto encubierto sobre los trabajadores independientes. Segunda: un esquema de formalización gradual para actividades de micro-escala, con una franja de actividad mínima real —no meramente declarativa— por debajo de la cual el costo de incorporarse al sistema sea efectivamente cero o negativo. Tercera: mayor equiparación en la presión sobre rentas de capital y rentas del trabajo, que en la Argentina de hoy sigue siendo una de las más desbalanceadas de la región.
Sin estas condiciones previas, el control sobre billeteras virtuales no es reforma tributaria. Es, en el mejor de los casos, recaudación de corto plazo sobre el eslabón más débil de la cadena. En el peor, la formalización de la persecución fiscal de quienes ya pagan el precio más alto de la inestabilidad económica argentina.