Luis Caputo acelera crédito por u$s5.000 millones y estudios de abogados analizan la «ingeniería de garantías»
Especialistas de Allen & Overy Shearman lideran la elaboración de una estructura para sumar colaterales al préstamo que gestiona Caputo. La Fed ya dijo que no.
El Gobierno persiste en sus esfuerzos por concretar un crédito privado de hasta u$s5.000 millones a través de una operación de repo. Esta iniciativa surge como una alternativa pragmática ante el desmoronamiento de las expectativas iniciales de un préstamo más ambicioso por u$s20.000 millones con bancos de Wall Street, un escenario que se desvaneció la semana pasada debido a desacuerdos profundos en torno a las garantías requeridas.
Fuentes cercanas a las negociaciones, consultadas por este medio, confirman que el foco ahora se centra en resolver los pendientes estructurales de esta modalidad de corto plazo, con un énfasis en la ingeniería de garantías o colaterales que permita mitigar riesgos sin comprometer la liquidez inmediata del Tesoro estadounidense.
El antecedente inmediato de esta coyuntura se remonta a las publicaciones que Ámbito hizo el lunes y el miércoles de la semana pasada, que anticiparon con precisión el repliegue de los bancos estadounidenses. En aquellas notas, se detallaba cómo entidades como J.P. Morgan, Citigroup, Bank of America y Goldman Sachs habían impuesto un deadline inminente para ratificar su participación, condicionado a la obtención de un «backstop» explícito del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La negativa de Washington a asumir garantías soberanas —debido a la necesidad de aprobación del congreso estadounidense y fricciones con el FMI— generó un impasse que redujo drásticamente el monto viable del préstamo, pasando de una aspiración de u$s20.000 millones a un esquema más modesto y transitorio.
Para los consultados, esta dinámica no solo reflejaba la aversión al riesgo de los prestamistas privados, sino también la intersección de presiones políticas internas en EEUU, incluyendo críticas de figuras como la senadora Elizabeth Warren, quien cuestionó la opacidad del arreglo como un subsidio encubierto a Wall Street.
