Desde que asumió Milei, 238 empresas pidieron al Gobierno el procedimiento para recortar y salir de la crisis
Compañías de distintos sectores le solicitaron a la Secretaría de Trabajo el Procedimiento Preventivo de Crisis. Se trata de un recurso para negociar despidos, suspensiones, reducción de salarios o achicar costos de indemnizaciones.
El freno de la actividad económica se puede observar a través de distintas variables. Más allá de lo que puedan reflejar las cifras sobre su evolución mes tras mes, hay otros datos que dan cuenta de las dificultades que atraviesa la denominada economía real.
Uno de ellos es el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un recurso que las compañías le solicitan a la Secretaría de Trabajo para poder, por ejemplo, avanzar en despidos, suspensiones, reducción de salarios o achicar costos de indemnizaciones, bajo la justificación de que la firma atraviesa serios problemas.
De acuerdo con un pedido de acceso a la información pública que realizó TN, desde fines de 2023 hasta agosto de este año, 238 empresas le pidieron a la Secretaría de Trabajo la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis.
La lista de empresas que pidieron acudir a esa herramienta es muy extensa. De esas 238 solicitudes, 139 se realizaron en el primer año de gestión de Javier Milei, mientras que las 99 restantes se hicieron entre enero y mediados de agosto de 2025.
Las cifras son relevantes si se tiene en cuenta que son las más elevadas desde 2020, cuando por la pandemia se solicitaron 498 procedimientos. En ese sentido, entre 2021 y 2023, se tramitaron menos de 60 por año.
El Procedimiento Preventivo de Crisis debe tramitarse antes de comunicar despidos, suspensiones o reducciones de la jornada laboral y debe ser justificado por “razones de fuerza mayor”.
Es decir, se debe demostrar -a través de balances y otros documentos- fuertes pérdidas de rentabilidad que demuestren la necesidad de tomar esas medidas. Además, prevé una negociación entre la empresa, el sindicato y el Gobierno para acordar los detalles de las decisiones a aplicar.
De todos modos, casi la mitad de los pedidos quedaron en condición de “guarda temporal”, o sea que fueron archivados por parte de la Secretaría de Trabajo, que sí homologó 38 de ellos y otros tantos figuran en trámite.
