Crisis del IPS: la Corte Suprema deberá pronunciarse por un amparo colectivo
Salta

Crisis del IPS: la Corte Suprema deberá pronunciarse por un amparo colectivo

Ago 22, 2025

La crisis financiera del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El miércoles ingresó un recurso de queja presentado por la asociación civil Protectora, que representa a más de 260 mil afiliados, ante lo que consideran un retardo de justicia en el amparo colectivo interpuesto el pasado 29 de abril. La acción reclama una intervención judicial y una auditoría externa para garantizar derechos constitucionales vulnerados por la crítica situación del organismo.

El abogado Daniel Paganetti, representante de Protectora en Salta, señaló que la demora judicial agrava los perjuicios sufridos por los afiliados, quienes continúan pagando sus aportes sin que se les asegure una cobertura adecuada. “La demora es un daño adicional inadmisible. Están en juego la salud y la vida de cientos de miles de consumidores salteños”, afirmó.

El recurso subraya que la intervención administrativa dispuesta el 25 de febrero pasado no resolvió los problemas de fondo y que la pasividad de los organismos de control mantiene a los afiliados en una situación de “absoluta vulnerabilidad y desprotección”. Además, cuestiona la dilación en la tramitación de una medida cautelar innovativa considerada clave para preservar pruebas y garantizar derechos.

El amparo colectivo radicado en la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial sufrió distintos obstáculos procesales, como declaraciones de incompetencia y remisiones entre instancias, que demoraron la definición sobre medidas urgentes. Incluso un pedido de pronto despacho no logró destrabar el avance del expediente.

En la presentación, Protectora solicitó además que el Ejecutivo y el Legislativo provincial impulsen una nueva ley para el IPS que cree un órgano auditor integrado por representantes de los afiliados. La asociación recordó que la actual es la segunda intervención administrativa en la historia del Instituto: la primera, dispuesta en 2006 por 180 días, se prolongó por más de siete años.

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