Caso Emiliano Estrada: los asesores del diputado nacional también serán investigados
La investigación que comenzó la fiscal de Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, contra el diputado nacional Emiliano Estrada y sus dos asesores, Alonso Javier Allemand y Florencia Arias Bustamante, por publicaciones en TikTok que habrían causado intimidación pública, ha sido trasladada a la Justicia Federal. Sin embargo, este cambio podría revertirse debido a que se anticipan impugnaciones por parte de los involucrados. Además, se investiga el presunto delito de peculado de servicios.
Contexto y avances en la causa
En febrero, la Justicia Federal se declaró competente para investigar a Estrada, pero la situación de sus asesores continuaba en manos de la Justicia Ordinaria. A pesar de que Allemand y Bustamante ya habían sido imputados, el Ministerio Público Fiscal difundió su teoría de caso, en la que se establece que el diputado habría ordenado a sus colaboradores la creación y difusión de videos en los que vinculaban a funcionarios provinciales con casos de narcotráfico.
Ayer se llevó a cabo una audiencia de excepción en el fuero federal, con la participación del fiscal Carlos Martín Amad, quien solicitó incluir a los asesores en las actuaciones preliminares. En la audiencia de febrero, había intervenido el fiscal Eduardo Villalba. Como resultado, la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, ordenó solicitar los antecedentes de Bustamante y Allemand al Juzgado de Garantías 7 de la provincia, a cargo del juez Pablo Zerdán.
El vínculo con el presunto peculado
La investigación apunta a que los dos asesores estarían relacionados con las cuentas utilizadas para la difusión de los videos editados. Además, se sostiene que la actividad fue financiada con fondos provenientes de la Cámara de Diputados de la Nación, correspondientes al pago que Estrada habría dispuesto para los dos asesores.
El fiscal sostuvo que no puede haber un juicio separado para Estrada y sus asesores, señalando que Bustamante y Allemand dependían directamente del Congreso de la Nación al ser asesores del diputado. Además, remarcó que no es el legislador quien paga, sino los ciudadanos, a través de los fondos públicos destinados al funcionamiento del Congreso.
La necesidad de una unidad jurisdiccional
El fiscal subrayó la importancia de que se dé una unidad de acción judicial en este caso, para evitar un «escándalo jurídico» derivado de decisiones contradictorias de distintos tribunales. Afirmó que la separación de los casos entre los asesores y Estrada perjudicaría las garantías de defensa de los imputados y podría resultar en un «doble juzgamiento».
Refuerza así la solicitud de acumulación de las causas, ya que se trata de los mismos imputados y hechos, pero con distintos tribunales. Para el fiscal, es esencial que todos los involucrados sean juzgados bajo una misma unidad jurisdiccional, lo que facilitaría una sentencia coherente y justa para todos los imputados.
