Auditorías de pensiones en Salta: preocupación por los plazos
La auditoría impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que exige a los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez presentar documentación médica actualizada ha generado gran preocupación en Salta. Si bien la medida busca verificar el cumplimiento de los requisitos, muchos ciudadanos, especialmente en el interior de la provincia, enfrentan serias dificultades para cumplir con los plazos establecidos, lo que podría poner en riesgo el acceso a sus pensiones. En respuesta, referentes de discapacidad y legisladores provinciales han solicitado una ampliación de los plazos, permitiendo que las personas afectadas puedan cumplir con las exigencias sin perder el derecho a su pensión.
Desde el inicio de la auditoría, el gobierno de Javier Milei ha revisado alrededor de 1 millón de pensiones por invalidez laboral, que representan el 82% del total. Si bien esta iniciativa busca regularizar el sistema, la implementación de la medida en Salta ha resultado problemática debido a la falta de infraestructura médica y los desafíos logísticos en las zonas más alejadas. Los beneficiarios deben presentar la documentación médica en un plazo de 30 días hábiles, lo cual es casi imposible para aquellos que viven en parajes remotos, donde los servicios médicos son escasos y los turnos médicos, cuando están disponibles, son tardíos.
Miguel Reynaga, presidente de la Asociación Lisiados de Salta (ALSA), destacó que las personas con discapacidad de sectores más vulnerables no tienen los recursos ni las condiciones para cumplir con los trámites exigidos. La sobrecarga de los hospitales públicos y la falta de especialistas agravan aún más la situación. Ante este panorama, los senadores provinciales, como Esteban D’Andrea y Diego Cari, han solicitado una prórroga para los plazos establecidos, argumentando que las dificultades de acceso a los servicios médicos y la reciente situación climática en algunas zonas de Salta requieren una flexibilización para evitar que quienes realmente necesitan las pensiones queden fuera del sistema.
El gobierno provincial, en respuesta a la solicitud de los legisladores, ya ha suspendido temporalmente la auditoría en algunos municipios afectados por las inundaciones, como Santa Victoria Este y Rivadavia Banda Norte, lo que permitirá a los habitantes de esas zonas no presentar los estudios médicos de manera inmediata. Sin embargo, tanto los senadores como los referentes de discapacidad coinciden en que es fundamental seguir gestionando la ampliación de plazos a nivel nacional, y trabajar para mejorar la infraestructura sanitaria en el interior de la provincia, para garantizar que las personas con discapacidad no pierdan su pensión por razones ajenas a su voluntad.
