Salta enfrenta un «robo» de obras sociales: Deuda millonaria amenaza al sistema de salud pública
El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, informó sobre los esfuerzos del gobierno provincial para recuperar los costos hospitalarios derivados de la atención a pacientes con cobertura social en el sistema sanitario público. Según Mangione, las deudas acumuladas por las obras sociales representan un perjuicio millonario para la provincia, estimando una pérdida anual entre 60 y 80 mil millones de pesos. La situación se agrava debido al creciente número de personas con obra social que recurren a hospitales públicos por la falta de respuesta de las clínicas privadas.
El ministro explicó que estos pacientes, al no ser atendidos correctamente por sus obras sociales o no ser aceptados en el ámbito privado, terminan utilizando recursos destinados a quienes no pueden pagar una cobertura. Esto genera una sobrecarga en los hospitales y centros de salud públicos, afectando tanto los insumos como el personal sanitario. Además, subrayó que el pasivo de las obras sociales podría ser aún mayor, alcanzando hasta 100 mil millones de pesos anuales, lo que representa casi el 80% del presupuesto destinado al sistema de salud pública de la provincia.
Con el objetivo de resolver esta situación, el Ministerio de Salud de Salta está implementando un sistema propio de cobro, con un equipo de abogados encargado de gestionar el recupero de fondos. En caso de no obtener resultados por vías administrativas, se recurrirá al embargo de cuentas bancarias. Además, Mangione destacó que la Cámara de Diputados provincial aprobó recientemente una ley que permitirá iniciar el cobro judicial de las deudas si las obras sociales no abonan en un plazo de 60 días.
A su vez, el ministro se refirió al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), aclarando que es un caso aparte debido a su intervención y las posibles irregularidades en los controles. También mencionó que el PAMI representa otro desafío en cuanto a los tiempos de pago, pero confía en que el cambio de autoridades genere una mejora. Finalmente, la creación de una oficina específica para el recupero de estos costos, formada por contadores, médicos y abogados, será un paso clave para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud pública.
