Investigan posibles sobrefacturaciones en el IPS: la Justicia puso la lupa sobre clínicas y prestadores
La Fiscalía de Delitos Económicos de Salta abrió una investigación de oficio por presuntas sobrefacturaciones en el Instituto Provincial de Salud (IPS), la obra social que cubre a más de 280 mil trabajadores estatales. La causa quedó a cargo de la fiscal subrogante Ana Inés Salinas Odorisio, quien notificó al interventor del organismo, Emilio Savoy, y le exigió documentación clave para determinar si hubo perjuicio económico al Estado.
La pesquisa judicial se da en el marco de la intervención del IPS, ordenada a principios de año por el gobernador Gustavo Sáenz tras detectar un déficit superior a los $25.000 millones y una serie de irregularidades financieras. En ese contexto, el mandatario denunció que «muchas clínicas estaban sobrefacturando» y defendió las auditorías como mecanismo de control: «No se enojen si auditamos, porque estamos defendiendo a los afiliados».
En la última sesión legislativa, el diputado provincial José Gauffín reclamó al gobernador que, si tiene pruebas concretas, las presente en la Justicia. A su vez, denunció gastos millonarios en alquileres, falta de gestión en inmuebles propios, y un contrato con la empresa Traditum por más de $6.000 millones “sin resultados visibles”.
Gauffín también apuntó al vaciamiento de la Junta Médica del IPS y a una ley aprobada por la Legislatura que limitó las coberturas por discapacidad al 80%, lo que provocó una catarata de amparos judiciales perdidos por el organismo.
La causa judicial buscará establecer si hubo delitos en la facturación de prestaciones médicas por parte de clínicas, profesionales o proveedores.
