El veto de Milei al financiamiento universitario: la UNSa frente a la asfixia presupuestaria
Por Sebastián Cristófari
El veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario dejó a las universidades públicas del país ante un ajuste sin precedentes. El impacto en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) es particularmente grave: el presupuesto aprobado para 2025 asciende a $65.707 millones, una cifra que, en términos reales, implica un recorte del 25% en comparación con 2024 y que se ubica muy por debajo de lo requerido para sostener la actividad normal.
El peso del financiamiento en el presupuesto nacional
El Presupuesto Nacional 2025 contempla un gasto total de $117,6 billones. De ese monto, las universidades recibirán $3,8 billones, apenas el 3,2% del total. La ley vetada preveía elevar la asignación a $7,2 billones, equivalente al 6,1% del gasto público y cercano al 1% del PBI. En otras palabras, el veto significó una poda de $3,4 billones, monto que representa un 2,9% del presupuesto.
El dato adquiere relevancia en términos comparativos: mientras la inflación anual superó el 100% en 2024, el incremento nominal de las partidas para universidades fue de solo 28,5%, lo que se traduce en una contracción real del 27%.
La UNSa, entre el déficit y el ajuste
En este escenario, la UNSa aprobó un presupuesto técnico que garantiza el pago de salarios pero recorta en promedio un 25% las partidas de infraestructura, programas académicos y extensión. Según reconoció el propio rector, Miguel Nina, la universidad arrastra un déficit de $3.085 millones que compromete su funcionamiento en 2025.
Si la ley vetada hubiera prosperado, la UNSa habría recibido entre $110.000 y $120.000 millones, lo que le hubiese permitido cubrir la inflación acumulada y recuperar el atraso salarial docente estimado en un 70%. La diferencia perdida ronda los $50.000 a $60.000 millones adicionales.
Salarios en caída libre y fuga de talento
La situación más crítica se observa en los salarios. El 54% de los docentes percibe alrededor de $450.000 mensuales, mientras que un 16% está por debajo de la línea de pobreza. La pérdida de poder adquisitivo respecto a la inflación alcanza los 90 puntos desde diciembre de 2023. Esto ha derivado en renuncias de profesores y riesgo de paralización en cátedras claves.
Becas congeladas y riesgo de deserción
La ley vetada contemplaba ampliar el monto y número de becas estudiantiles. Su rechazo implica que las becas actuales permanecen congeladas, en un contexto donde la pobreza estudiantil crece. Para una universidad con alta matrícula de primera generación universitaria, como la UNSa, esto puede traducirse en una mayor tasa de deserción.
Consecuencias para la economía salteña
La UNSa no solo es un centro académico: es uno de los principales empleadores de la provincia y un dinamizador del consumo local. Los fondos que no se ejecutan significan menos salarios para circular en la economía y menos recursos para empresas proveedoras de servicios. En regiones como Orán o Tartagal, donde la UNSa tiene sedes, la contracción presupuestaria golpea de lleno a la economía regional.
Un futuro en riesgo
De persistir el veto, Salta y el NOA enfrentarán un déficit de capital humano calificado, mayor desigualdad respecto al centro del país y un debilitamiento estructural en investigación e innovación. La UNSa, fundada en 1972 como motor de desarrollo regional, corre el riesgo de pasar a ser una institución de mera subsistencia.
