¿Coseguros Ricos, Obra Social pobre?
El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS), históricamente concebido como la principal herramienta de protección sanitaria para los trabajadores estatales, estaría enfrentando una de sus mayores crisis: un sistema de coseguros que, lejos de complementarlo, se habría consolidado como un poder paralelo, concentrador de recursos y decisor real de quién accede —y quién no— al derecho a la salud.
En lugar de fortalecerse con los años, el IPS parecería haber sido progresivamente debilitado en su capacidad operativa, financiera y regulatoria. Esta fragilidad no sería producto del azar, sino consecuencia directa de una estructura paralela que funcionaría con lógica de mercado dentro de un sistema que, por definición, debería ser solidario.
El IPS, atrapado en una estructura que lo desfavorecería
En los papeles, el IPS sigue siendo la obra social estatal. Recauda aportes de más de 190.000 afiliados, garantiza la cobertura del 80% de las prestaciones y actúa como interlocutor formal ante el sistema de salud provincial. Sin embargo, en la práctica, estaría cada vez más relegado a un rol secundario.
Una de las principales razones sería la coexistencia con los coseguros —liderado por el “Coseguro Integral”, que figuraría entre los que concentran mayor cantidad de afiliados— los cuales operarían con mayor agilidad, negociación directa con prestadores y sin sujeción a la lógica y controles del sistema público, con expansión incluso a otros rubros y prestaciones que no tienen relación con la salud pública.
Lo más alarmante sería que el IPS no financiaría ni controlaría el accionar de estos coseguros. Cada uno funcionaría como una entidad autónoma, con manejo privado de recursos, sin mecanismos de auditoría pública ni obligación efectiva de rendición de cuentas.
En ese contexto, se afirmaría que los prestadores priorizan a los pacientes con coseguro, quienes pagan a tiempo y a mejores valores, en desmedro de quienes solo cuentan con la cobertura del IPS. De este modo, los trabajadores estatales, que sostienen el sistema con sus aportes obligatorios, podrían terminar excluidos si no contratan un coseguro adicional.
¿Un complemento? No: un sistema paralelo en expansión
El modelo de coseguro habría sido pensado como un complemento voluntario. Pero lo que se habría desarrollado en Salta sería un sistema paralelo que genera dependencia, absorbe recursos y reduce al IPS a un papel meramente simbólico.
Los coseguros no complementarían: reemplazarían. No aliviarían: condicionarían. No fortalecerían al IPS: lo volverían prescindible.
A diario, cientos de afiliados estarían experimentando esta distorsión: falta de turnos, cobros por fuera del sistema, demoras o rechazos, a menos que se adhieran a un coseguro. En la práctica, quien no paga dos veces, podría quedar fuera del circuito de atención.
Una estructura sin regulación ni transparencia
El corazón del problema no sería solo económico, sino también institucional y político. ¿Cómo se sostendría un sistema en el cual entidades privadas o semiprivadas manejan millones sin estar sometidas a auditorías, normas de transparencia ni control estatal?
¿Quién regularía a los coseguros? ¿Dónde se publican sus contratos, balances, tarifas, memorias anuales? ¿Qué nivel de control se ejerce sobre su vinculación con clínicas y sanatorios?
En este vacío legal e institucional, los coseguros serían funcionales para mantener el sistema de atención en funcionamiento, pero al mismo tiempo representarían uno de los principales factores de desfinanciamiento, inequidad y fragmentación del sistema provincial.
Un proyecto de ley que enciende alarmas
En este contexto, el Gobierno provincial ya envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone que los jubilados provinciales pasen del IPS al PAMI. Esta medida, que tendría impacto inmediato en las cuentas del organismo, también genera interrogantes sobre el futuro de la obra social y el acceso a la salud para miles de adultos mayores.
¿Auditar y regular los coseguros podría reducir el rojo del IPS?
La intervención del IPS decidida por el Ejecutivo sería un primer paso. Pero no bastaría con revisar números o cambiar autoridades. Lo urgente, plantean expertos y sectores gremiales, sería rediseñar el modelo de funcionamiento de los coseguros y su vínculo con el sistema público.
Los coseguros podrían continuar, pero bajo nuevas reglas: sin contacto directo con los prestadores, y articulando sus servicios a través del IPS, que debería retomar su rol de regulador, financiador e intermediario institucional.
Sólo así podría pensarse en un modelo más justo, donde la salud no dependa del poder de pago o del acceso a un coseguro, sino de la garantía solidaria que dio origen a la obra social estatal. Porque, en definitiva, la pregunta ya no es técnica: es política. ¿Vamos a sostener un sistema público que asegure equidad y cobertura universal? ¿O seguiremos tolerando un modelo desigual, segmentado y sostenido por poderes paralelos que nadie controla?
