ARCA refuerza el cerco sobre los consumos en el exterior: ¿Mayor control fiscal o trabas al comercio global?

Por Sebastián Cristófari, Contador Público y Especialista en Auditoría y Finanzas

En un contexto donde las economías buscan reducir la carga regulatoria para fomentar la inversión y el consumo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Agencia de Recaudación y Control de Actividades (ARCA), ha implementado la Resolución General N° 5662/2025. Esta normativa, lejos de simplificar los regímenes de información, impone nuevas y más estrictas obligaciones a las entidades emisoras de tarjetas de crédito respecto de los consumos realizados en el exterior, generando un impacto significativo en el mercado financiero y en los consumidores.

Aumento de exigencias: Más control, más burocracia

Hasta la fecha, las entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito debían informar operaciones vinculadas con consumos en el exterior que superaban ciertos umbrales. No obstante, la RG 5662/2025 amplía considerablemente el volumen de datos a reportar, estableciendo la obligatoriedad de detallar:

• Cada transacción individualizada, sin importar el monto.
• Datos completos de los titulares y adicionales de las tarjetas utilizadas en consumos internacionales.
• Categoría y clasificación de bienes y servicios adquiridos con la tarjeta.
• Registro detallado de la moneda utilizada y tipo de cambio aplicado.
• Información de geolocalización para identificar en qué país y comercio se realizó la compra.

Este nuevo esquema de reportes impone una mayor carga administrativa a las entidades emisoras y suscita preocupaciones en torno a la privacidad y la protección de datos de los usuarios. Además, este endurecimiento regulatorio podría desincentivar el uso de tarjetas de crédito en el exterior, afectando directamente la liquidez del sector financiero.

Impacto económico: Costos operativos y posibles restricciones al consumo

Desde el punto de vista macroeconómico, la normativa podría tener varias consecuencias:

• Aumento en los costos operativos: Las entidades emisoras deberán invertir en sistemas tecnológicos más sofisticados para cumplir con la nueva carga de información. Esto podría derivar en un encarecimiento del servicio, afectando a los consumidores mediante un posible aumento de comisiones.
• Reducción en el acceso a divisas: El mayor control sobre los consumos internacionales podría derivar en restricciones indirectas a la salida de dólares del país, afectando a sectores dependientes de importaciones y al turismo emisivo.
• Mayor informalidad: Ante la fiscalización intensiva, es probable que algunos consumidores opten por métodos alternativos de pago, como el uso de criptomonedas o sistemas financieros no bancarizados.

Un posible freno al comercio digital y el turismo

Otro aspecto relevante es el impacto que esta medida podría tener en sectores clave de la economía digital. Con el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo, el endurecimiento de los reportes podría desincentivar las compras en plataformas internacionales, afectando a empresas que dependen de proveedores extranjeros.

En el ámbito del turismo, la mayor fiscalización sobre los consumos en el exterior podría generar incertidumbre entre los viajeros, quienes podrían enfrentar trabas adicionales al momento de utilizar sus tarjetas en el extranjero. Esto podría reducir la competitividad de la industria turística y desalentar el gasto en el exterior.

Conclusión: ¿Mayor transparencia o mayor burocracia?

Si bien el objetivo declarado de la RG 5662/2025 es fortalecer la supervisión tributaria y cambiaria, su implementación genera múltiples interrogantes sobre su efectividad y sus efectos colaterales. En lugar de simplificar los regímenes de información y reducir la carga administrativa, esta normativa impone mayores costos operativos y podría tener consecuencias negativas para el consumo, la inversión y la competitividad financiera.

El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la necesidad de control fiscal y la promoción de un sistema financiero eficiente y accesible. En este sentido, resulta fundamental que las autoridades revisen el impacto real de esta medida y evalúen alternativas que permitan garantizar la transparencia sin desincentivar el comercio y el uso de medios de pago electrónicos a nivel internacional.